El antropólogo Joaquín Bascopé desclasifica una carta del siglo antepasado en que el gobernador de la colonia de Magallanes, Diego Dublé Almeyda, tiene la osadía de negarse a acatar el recorte de un subsidio a los víveres. La decisión del gobierno central terminó entonces en sublevación y desastre. Su reclamo suena extrañamente actual y puede establecerse un claro paralelo con la crisis del gas en Punta Arenas.
El problema de la soberanía chilena en Magallanes tiene una relación histórica con los subsidios estatales. El conflicto del gas no es sino una actualización con matices.
Desde su fundación en 1848, la vida en Punta Arenas fue la de una colonia de presos y relegados que dependía del comercio de pieles y plumas con los nómadas tehuelches. Recién en 1877 desembarcaron, provenientes de las Malvinas, las primeras ovejas que propiciarían un espectacular desarrollo económico que duraría hasta el final de la Primera Guerra. Pero siendo en un comienzo extranjeros los animales, las máquinas, los obreros y sobre todo el capital, el modo de garantizar la presencia nacional continuó siendo una preocupación de gobierno durante esta belle époque. Tanto más cuando la disputa limítrofe con Argentina parecía no resolverse con tratados. La fecha de 1877 es, de esta forma, una clave en la historia regional, con una serie de episodios que se proyectan en el conflicto actual del gas.
Retengamos un documento: En octubre de 1877, el gobernador de la colonia de Magallanes, Diego Dublé Almeyda, osó informar al ministro de Relaciones Exteriores, José Alfonso, que suspendería la aplicación de un decreto por el cual el gobierno recortaba el subsidio de víveres de la guarnición militar de la colonia (ver documento original). Dublé expuso “las poderosas razones” que lo obligaban a tomar esa medida describiendo, tal como alegan hoy los vecinos, la precaria situación de quienes aseguraban la soberanía chilena en la región. Los subsidios (“raciones”) eran el aliciente para que el soldado se desplazara con su familia, tomase “apego al lugar” y, tras cumplir con su destinación, se quedara en la Colonia, “estableciéndose así el aumento de la población sin ningún sacrificio extraordinario para el fisco.”
Como si se refiriese al conflicto del gas, se preguntaba: “¿Cómo es posible que en Magallanes, donde los artículos de primera necesidad tienen tan subido el precio en el comercio, pueda el soldado sostenerse?” Dublé señaló que de aplicarse la medida, el soldado quedaría “en peor condición que el relegado”. Como el alcalde Mimica en estos días, el gobernador propuso un plazo de seis meses para adaptar el decreto, adaptación que implicaría traer soldados sin familias “lo que”, observó, “no convendría a la Colonia”.
Así como el presidente Piñera incumple una promesa verbal, el subsidio a los soldados no estaba escrito en ningún contrato, lo que fue aprovechado por el gobierno para suspenderlo. Sin embargo, le respondería Dublé, “¿quién ignora que una de las gracias ofrecidas a los que vienen a establecerse a Magallanes en calidad de empleados es la de que gozarán, tanto éstos como sus familias, de raciones de víveres? Si esta promesa no se les ha hecho por escrito, ha sido verbal, y la práctica observada en tantos años es conocida por todos.” Lo que el presidente desconoce estos días es una práctica conocida por todos los magallánicos, a saber, la rudeza de la vida en la región que hace de la soberanía no una voluntad militar, como entonces, sino una costumbre civil.
La defensa de la guarnición que hizo Dublé descubre toda su actualidad con el bloqueo y las barricadas de estos días. De hecho, un mes después de su informe, el 12 de noviembre de 1877, estalló el llamado “Motín de los Artilleros”, encabezado por los militares perjudicados, que costó la vida al capitán de la guarnición, destruyó una parte de la ciudad, hizo huir a la población a los cerros vecinos y del que el propio gobernador escapó milagrosamente. Este evento puso en alerta al gobierno y forzó, ese mismo año, la transformación administrativa de Magallanes pasando de “Colonia Penal” a “Territorio de Colonización” (o bien, de cárcel a ciudad).
Magallanes sigue siendo un “Territorio de Colonización” si atendemos al reclamo de la Asamblea Ciudadana respecto al patriotismo de vivir en la región. Ante la indiferencia que, hoy como ayer, muestra el gobierno central, “Territorio de Colonización” parece más un concepto más coherente que el estatuto de “Provincia”, adquirido recién en 1929, y que determinó, entre otras cosas, el traslado desde Relaciones Exteriores al Ministerio del Interior, es decir, a ser un asunto propiamente chileno.
Magallanes comenzó a dejar de ser una apuesta estatal. ¿Acaso el enfriamiento del conflicto con Argentina permite hoy día ahorrar subsidios que antiguamente no se escatimaban? Esta hipótesis parece verosímil si se considera que, incluso durante su belle époque económica (1893-1920), Magallanes fue asunto de Relaciones Exteriores –como en algún momento ocurrió con la Araucanía–, es decir, tuvo un régimen especial, objeto de dilapidación estatal por un interés geopolítico. ¿Existe aún este interés? Las correspondencias entre el documento que desclasificamos a continuación y la crisis del gas puede ser un indicio. Desclasificación que es, al mismo tiempo, una invitación a las actuales autoridades a hacerse cargo de la utopía nacional que, forzando el clima y la geografía, Chile intentó –con subsidios– construir sobre el Estrecho de Magallanes.
- Publicado por CIPER (Centro de Investigación e Información Periodística)Joaquín Bascopé
- Julio es antropólogo y actualmente realiza su tesis doctoral en Sociología en la École des Hautes Études en Sciences Sociales sobre la colonización de Tierra del Fuego.
